¿NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN LA 4° TRANSFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA? 





El tsunami electoral que sufragó popularmente al Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA el poder público en gran parte del país, incluyó ambas Cámaras del Congreso General de la Unión, Congresos Locales y Municipios, que conforman el llamado  Poder Constituyente Permanente (art. 135 Constitucional).

Por Héctor Rodríguez Espinoza
Fecha de publicacin: 2018-08-02 00:00:00

Esta nota pertenece a la categoria: Opinión y Sociedad

 
 
 
 

Héctor Rodríguez Espinoza

Breve Ensayo

Primera parte.


I. El tsunami electoral que sufragó popularmente al Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA el poder público en gran parte del país, incluyó ambas Cámaras del Congreso General de la Unión, Congresos Locales y Municipios, que conforman el llamado  Poder Constituyente Permanente (art. 135 Constitucional).

Por ello, es natural que cunda en círculos académicos, políticos y socio culturales, el ¿temor fundado? de su intención de promulgar una nueva Constitución Política. El Diputado federal Porfirio Muñoz Ledo será quien -simbólicamente- le entregue en mano, al Presidente Enrique Peña Nieto para que se la imponga al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la  Banda Presidencial. La codiciada y ensangrentada Banda Presidencial. ¿Por qué ensangrentada? Por tanta sangre derramada en las luchas de la Revolución, desde aquél fatídico 22 de febrero de 1913, asesinato del mártir de la democracia, Francisco I. Madero. 

Nadie ignora la biografía política de Porfirio. Propulsor por lustros de la ambiciosa reforma del Estado y, en cierta forma, el arquitecto de la nueva  Constitución Política de la Cd. de México ("de vanguardia", defiende él), alimentan aquel temor. 

II. Hagamos un esbozo pedagógico de nuestra accidentada historia constitucional.

En 101 años, desde el 8 de julio de 1921 hasta el 31 de julio de 2018, la Constitución de 1917 ha tenido 645 modificaciones, derogaciones, reformas y adiciones en su texto general de 136 artículos básicos y 17 transitorios.

Salvo Venustiano Carranza, primer presidente de la era posrevolucionaria, que no le hizo ninguna modificación, a partir de Álvaro Obregón hasta Enrique Peña Nieto, todos los 18 mandatarios, apoyados por el Congreso de la Unión, dejaron su sello personal a través de los cambios efectuados mediante iniciativas de ley o decretos presidenciales.

Sobresalen Enrique Peña Nieto, con 147. Felipe Calderón Hinojosa, con 110. Ernesto Zedillo, quien del 31 de diciembre de 1994 al 7 de abril de 2000, 74. Siguen: Miguel de la Madrid Hurtado, con 66; Carlos Salinas de Gortari, 55; Luis Echeverría Álvarez, 40; José López Portillo, 34; Abelardo L. Rodríguez, 22; Miguel Alemán Valdés, 20; Gustavo Díaz Ordaz, 19; Plutarco Elías Calles y Manuel Ávila Camacho, 18; Lázaro Cárdenas, 15; Adolfo López Mateos, 11; Álvaro Obregón, 8; Pascual Ortiz Rubio, 4; y Emilio Portes Gil y Adolfo Ruiz Cortines, 2, respectivamente.

Respecto de los artículos constitucionales modificados mediante reformas, adiciones o derogaciones, hasta Zedillo, en primer lugar aparece el 73, relativo a las facultades del Congreso, con 44 cambios; 123, del trabajo y la previsión social, 21 veces; 27, de la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 16 ocasiones; 74 y 107, relativos a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, y de las controversias de que habla el artículo 103, 13 veces, respectivamente; 79 y 89, de la fiscalización superior de la Federación, y de las facultades y obligaciones del presidente de México, 11 veces cada uno;  94 y 115, referentes al Poder Judicial, y de los estados de la Federación y el entonces Distrito Federal, 10 ocasiones por artículo.

Habían sido modificados también los artículos 52, 76 y 97, en 8 ocasiones cada uno; 4, 54, 104 y 111, siete veces respectivamente; 45, 60 y 116, 6 veces por artículo; 3, 28, 41, 43, 55, 82, 98, 100 y102, 5  veces cada uno; 5, l6, 20, 30, 56, 105, 110 y 117, cuatro, respectivamente; 21, 22, 32, 58, 65, 78, 83, 93, 99, 101, 108 y 122, tres ocasiones por artículo; 18, 19, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 49, 51, 53, 63, 66, 69, 84, 95, 96, 106, 119, 127 y 131, dos ocasiones cada uno, y los artículos 6, 10, 17, 24, 26, 29, 44, 46, 48, 59, 61, 67, 70, 72, 77, 85, 88, 90, 92, 103, 109, 112, 113, 114, 130, 131, 134 y 135, una ocasión por artículo.

La historia constitucional de México, pese a iniciarse incluso antes de acceder a la independencia (su primer texto constitucional es de 22 de octubre de 1814), ofrece un número exiguo de Constituciones. Obviamente este dato no es sin embargo fruto de una estabilidad institucional; aunque en menor medida que buena parte de los países cuyos textos constitucionales, la historia política mexicana en el curso del siglo XIX es en todo caso agitada, contando con diversos regímenes y formas de gobierno. Sus textos institucionales se reducen sin embargo, además del ya citado de 1814 de muy corta vigencia, al Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de 4 de octubre de 1824, las Siete Leyes Constitucionales de 1836, las Bases de la organización política de la República de 12 de junio de 1843 y la Constitución de 1857. La vigente constitución de 10 de mayo de 1917 inauguró un período de estabilidad institucional bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (con diversas denominaciones había dominado la vida política desde entonces) que todavía en buena medida permanecía (las elecciones celebradas el 7 de julio de 1997 representaron por primera vez la pérdida de dicha hegemonía en la medida en que la oposición al PRI, bien es verdad que agrupando a todos los restantes partidos del arco parlamentario, ha constituido una mayoría alternativa a la hora de designar a los órganos rectores de la Cámara de Diputados).

La elaboración del texto constitucional fue fruto del movimiento social que se inició en 1910 con la rebelión de Madero contra el Presidente Porfirio Díaz, a fin de evitar su nueva reelección. La inestabilidad y la guerra civil se prolongaron hasta la definitiva consolidación de Venustiano Carranza, período durante el que se expidieron numerosos decretos de carácter social que influirían decisivamente en el carácter avanzado del texto constitucional, que se elaboraría como conclusión de esta etapa.

La Constitución fue elaborada por un Congreso constituyente reunido en Querétaro e integrado por 214 diputados. Sus sesiones tuvieron lugar de 10 de diciembre de 1916 a 31 de enero de 1917, siendo jurado el nuevo texto constitucional el 5 de febrero, entrando en vigor el 10 de mayo de 1917.

 A lo largo de sus 101 años de vigencia la Constitución ha sido hiper reformada, con muy diverso alcance. Uno de sus analistas, Jorge Carpizo detectó hasta siete modalidades de reforma (gramaticales, de artículos mal colocados, para regresar el precepto original, aumentar facultades del Presidente, federalizar materias, con alcances positivos y otras reformas significativas) y aun así no puede dar cuenta de la heterogeneidad de las reformas, incluyendo un último apartado de contenido abierto.

III. INTENTO DEL PRESIDENTE  VICENTE FOX DE PROMULGAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

En el Patio de Honor  del Palacio Nacional, el  5 de febrero de 2001 –según versión estenográfica-, el presidente Vicente Fox Quesada, durante la ceremonia del  LXXXIV aniversario de la promulgación de la Constitución que encabezó con tal motivo, terminada la parafernalia del Coro y una hermosa poesía, expresó este discurso, usted juzgue:

"Hoy celebramos un aniversario más del texto constitucional en el que se concretó el Programa de la Revolución Mexicana.

El ordenamiento jurídico, que hoy conmemoramos, calificado como el más avanzado e innovador de su tiempo, representó el inicio de una nueva etapa histórica en la vida política de nuestro país. Un siglo antes, una generación de mexicanos y mexicanas conducida por uno de sus más inspirados dirigentes, el impar José María Morelos, tomó la decisión de incorporar a México al concierto de las naciones libres.

En Apatzingán, Morelos inició un proceso constitucional del que nos sentimos orgullosos, que nos llevó a adoptar el sistema republicano y federal en 1824; el Estado laico, en 1857 y las reivindicaciones sociales, en 1917. ¡Cada Constitución ha señalado el principio de un nuevo ciclo histórico! El pasado 2 de julio, nuestro país ingresó en una nueva etapa que representa la culminación de una larga historia de esperanzas y sacrificios que marca a su vez el inicio de una tarea histórica: la de concretar la transición política en una profunda Reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico que fue diseñado para una realidad política ya rebasada.

La alternancia experimentada en las elecciones federales pasadas no asegura, por sí sola, el establecimiento de un nuevo arreglo normativo, acorde con el espíritu democrático de los nuevos tiempos. De ahí, debido al compromiso imprescindible de impulsar una reforma integral del Estado, que encuadre jurídicamente la nueva realidad política del país y supere el cúmulo de insuficiencias legales que han puesto en evidencia las actuales circunstancias. La estructura y el funcionamiento políticos, así como las relaciones del poder con la sociedad tienen que cambiar.

El cambio se dará en las instituciones, porque ya se dio en la sociedad. Tenemos una sociedad democrática y muchas instituciones autoritarias. Una contradicción de esta magnitud no puede permanecer sin solución. El mandato popular del 2 de julio fue claro: queremos un México diferente. La sociedad votó por un cambio en las normas, en las instituciones y en los objetivos, no sólo por un cambio en el grupo, en el poder.

Así, la diferencia entre el pasado y el futuro será justamente la vigencia de un Estado de Derecho actualizado.

La prueba irrefutable de que el ordenamiento constitucional ha sido rebasado, es el número y frecuencia de sus reformas. Podríamos hacer como don Venustiano Carranza: un recuento de los incumplimientos, de las deformaciones y de las adulteraciones consentidas en el texto constitucional. Precisamente uno de los argumentos esgrimidos en 1916 para convocar al constituyente, fue que la Carta de 1857 había sido modificada en 49 artículos.

Parece hoy igualmente concluyente el que se hayan superpuesto casi 400 reformas a la Constitución de 1917, cerca de la mitad promovidas durante los últimos tres gobiernos. Concluyamos entonces en la necesidad reconocida por don Venustiano Carranza de crear una nueva arquitectura constitucional, capaz de contemplar y de encauzar los cambios que el país requiere y que la ciudadanía ha exigido mediante el sufragio.

Es evidente que no todas las instituciones están a la altura de lo que la sociedad merece. Es hoy nuestra responsabilidad ponerlas al día. En este contexto, la forma más leal de honrar hoy la Constitución es procediendo a su revisión integral. Esta conmemoración cobrará así su mayor sentido. Ya diversas voces representativas de la pluralidad política e ideológica del país, convocadas en mi calidad de Presidente electo, han propuesto y realizado una revisión integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Eso es lo que propusimos también, con distintos énfasis, los candidatos presidenciales en la pasada contienda electoral. La actitud que adopten al respecto los partidos políticos y sus legisladores medirá la congruencia de su discurso político. He venido cumpliendo los compromisos que contraje ante la Nación durante mi campaña. En ellos se sustentan las acciones que este Gobierno está realizando. La revisión de nuestro ordenamiento constitucional la incluí como convicción en mi propuesta electoral y la promoví en el período de transición. Ahora, para ser congruente, con este compromiso expreso mi postura de apoyar que siga dicho proceso. Por sus alcances y contenidos, la reforma de nuestra norma fundamental es un asunto que al final compete al Poder Legislativo.

… Por ello formulo un llamado a todos los actores políticos y los Poderes públicos, para que reconstruyamos los consensos nacionales en torno a una Constitución renovada. Trabajemos en la tarea de actualizar nuestro marco jurídico fundamental, de tal manera que responda a un proyecto de Nación que colme nuestras expectativas para el siglo XXI. Esa aportación a la modernidad republicana de nuestro país merecerá el reconocimiento de todas y de todos.

…Tampoco sugiero renunciar a los principios y decisiones fundamentales que han inspirado nuestra trayectoria constitucional. Contamos con un legado que deberá guiar cualquier modificación constitucional: la no reelección del Ejecutivo, el sistema representativo, la división de Poderes, el régimen federal, la libertad municipal, nuestra soberanía, el carácter laico del Estado, el compromiso con la justicia social, la educación laica y gratuita, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de los derechos individuales y sociales. En ese equilibrio, entre el cambio y permanencia se ubica el gran reto de la transición mexicana. Cambiemos de raíz sin arrancar las raíces, hagámoslo sin abandonar lo mucho y muy valioso que hemos construido.

Hagámoslo también sin olvidar lo mucho que debemos transformar. Los regímenes contemporáneos buscan combinaciones institucionales que eviten la concentración del poder, destierren la impunidad, garanticen la división de competencias y propicien la estabilidad y la eficacia en el marco de una escrupulosa legalidad. Y la Nación moderna que hemos decidido construir los mexicanos y mexicanas, ha de fundarse en ese concepto de gobernabilidad democrática. Es necesario sustituir la lógica tecnocrática que dejó todo al mercado.

Tendremos que edificar un Estado democrático comprometido, ante todo, con la justicia, la educación, la distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades. Reivindicar en nuestro tiempo la justicia social bajo el estandarte de un Gobierno democrático significa dejar a un lado el populismo como mecanismo de manipulación y como estrategia para lucrar políticamente.

Es además una exigencia generalizada de las y los mexicanos que nuestro régimen jurídico responda con eficacia a la necesidad de lograr una convivencia segura y pacífica, de la que desterremos la delincuencia, la impunidad y la inseguridad. Comparto plenamente la convicción de que las libertades públicas son, a la vez, requisito indispensable y objetivo último de todo Estado democrático. Deberemos reivindicar hacia el futuro instituciones fundamentales, como son la protección de las garantías individuales y sociales, al igual que los derechos humanos. Deberemos consagrar también en nuestra Constitución las autonomías étnicas, para terminar con toda forma de discriminación y de estériles confrontaciones.

Todos y todas los mexicanos tenemos una deuda, una deuda enorme con nuestros pueblos indígenas. Hemos actuado mal como Nación y estamos obligados con ellos y con ellas. …

… Con los señores Gobernadores he venido construyendo una nueva relación ajena a preferencias y simpatías personales, filiaciones políticas, complicidades o pretensiones de control político o financiero. En el plano regional deben lograrse los nuevos equilibrios y a través de un verdadero federalismo. La mayor parte de mexicanos y mexicanas de todos los tiempos hemos reivindicado la organización política de nuestro país como un sistema federal. Sin embargo, nuestro federalismo ha sido por muchas décadas más declarativo que real. Hoy, los nuevos tiempos nos abren la posibilidad de ver el país desde otra lógica, que nos permite una relación distinta entre municipios, estados y Federación.

…De este modo, al igual que en 1917, procederemos a dotarnos de la nueva normatividad que el futuro nos demanda. Mientras tanto, ahora, cumplamos cotidianamente los preceptos vigentes y resolvamos las contradicciones por el camino de la interpretación del Poder Judicial de la Federación. Mexicanas y mexicanos, Amigas y amigos: Nuestra democracia será incompleta mientras sólo sea entendida como un proceso para legitimar a los titulares de los órganos del Poder. Al presentar a todos ustedes la síntesis de mis puntos de vista sobre la Constitución, he buscado resumir los cambios que a mi juicio requiere para estar en las mejores condiciones de ser orientación y guía en la conducción democrática del Estado.

… A nuestro Gobierno, a este Gobierno y a la Legislatura actual nos ha sido conferido un mandato muy concreto: transitar por la vía de la gobernabilidad democrática hacia el cambio y hacia la Reforma del Estado. Cumplamos con México. Seguramente todos y todas estaremos de acuerdo en que esa actualización debió hacerse tiempo atrás. No obstante estamos a tiempo para que así como nuestros antepasados nos legaron la primera gran Constitución social del siglo XX, nosotros, todo el país tengamos la grandeza de legar a las futuras generaciones la gran Constitución social, humanista y democrática del siglo XXI. Gracias.”

IV. ¿Cuál fue la reacción al "llamado a todos los actores políticos y los Poderes públicos” y la de los académicos constitucionalistas? Sígame en la colaboración honorífica de la semana entrante.


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