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Por Javier González Garza La tragedia de la guardería ABC no debería representar un golpe al IMSS. Al contrario, debe ser una oportunidad para reforzar la institución Sin ser una resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el informe de la Comisión de Investigación nombrada para el caso de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que constituye un extenso y a la vez preciso documento. Sus conclusiones e implicaciones están por verse.
Aquella tragedia, en la que murieron 49 niños y quedaron lesionados más de 70, produjo indignación, pena y dolor no sólo en Sonora. Fueron los padres y madres de familia de Hermosillo quienes encabezaron una ejemplar cruzada, exigiendo justicia además de revisar reglamentos y leyes, pero sobre todo, para garantizar que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir un acontecimiento similar. Primero en Sonora y después en el Distrito Federal se organizó un pequeño pero importante grupo de apoyo de personas, sobre todo de mujeres, para realizar marchas y plantones. El entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, se apresuró a declarar que no habría responsabilidades penales para nadie. Vinieron después declaraciones de autoridades municipales, del gobierno estatal y del gobierno federal deslindándose cada uno de responsabilidades y acusando, cada uno, a los demás ámbitos de gobierno. Las protestas y peticiones iniciaron en las calles de Sonora y llegaron al Distrito Federal, en las oficinas centrales del Seguro Social, en el Senado de la República, en la Suprema Corte y en muchos otros lugares. Entonces la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de una comisión, no para investigar, sólo para atender y canalizar aquellos reclamos. Aquella comisión nunca se integró, por la resistencia de senadores del PAN. El apoyo de la sociedad civil organizada en torno a esa exigencia de justicia llevó a los padres y madres de familia a presentar, el 2 de julio de 2009, una petición a la Suprema Corte. El 6 de agosto resolvió atraer el caso de la guardería y, el 31 de agosto, el pleno de la Corte resolvió el protocolo de investigación y la integración de la comisión. Seis meses después, el 1o. de marzo de este año, conocimos el informe preliminar. Ahora toca al ministro José Fernando Franco González estudiar el informe y pronunciarse sobre dos puntos centrales: si la investigación fue suficiente y si existieron violaciones graves a las garantías individuales. No hay fecha límite para que el pleno de la Corte emita una resolución. Pueden pasar semanas, o tal vez meses para que esto suceda. La publicación del informe, por medio de internet, arroja datos preocupantes sobre las condiciones en las que operan las cerca de mil 500 guarderías subrogadas, sobre la forma en que se produjo el siniestro, la ilegalidad de la figura misma de subrogación, etcétera. Como la Comisión Investigadora establece la ilegalidad de la subrogación, autoridades actuales y anteriores del IMSS han querido desvirtuar este hecho. Dicen que se basan en la ley de adquisiciones. La Comisión Investigadora hace un recuento, desde que aparece por primera vez en la Ley Federal de Trabajo, del tema de las guarderías. En la página 12 establece: "En efecto, la Ley Federal de Trabajo de 1931, en su artículo 110 consignó que sería obligatorio el establecimiento de guarderías infantiles en las empresas con más de 50 mujeres". Aquella disposición, sin embargo, resultó contraria a su objetivo. Las empresas empezaron a limitar el número de contratación de mujeres y en otros casos, simplemente despidieron trabajadoras para no llegar a aquella cifra. La ilegalidad de la subrogación no puede ser subsanada diciendo "se hace así desde hace mucho tiempo", o argumentando que el IMSS no tiene recursos. Un grave problema sería que los legisladores traten de "llenar un hueco" y decidan legalizar la subrogación. Esto iría en detrimento del Seguro Social y los trabajadores del país, al seguir el camino del desmantelamiento de la seguridad social eliminando no solamente conquistas laborales, sino también aniquilaría esa gran figura solidaria que representa. Otros países como el propio Estados Unidos, cuando menos su Presidente, intentan avanzar a un sistema de salud solidario. Aquí, paradójicamente algunos intentan destruirlo para enriquecerse. La tragedia de Hermosillo no debería representar un golpe al IMSS. Al contrario, debe ser una oportunidad para reforzar la institución. No sigamos descapitalizando al Seguro Social, es momento de recuperarlo. Sería imposible pensar que el IMSS atienda a los niños y niñas que están en esas mil 500 guarderías. Se requiere un programa para ampliar progresivamente el servicio, combatir la corrupción dentro de la institución, aumentar sus recursos y así reanimar los demás servicios que brinda. El Estado mexicano no puede renunciar a la obligación legal que tiene con los y las trabajadoras que generan la riqueza de nuestro país. En estas mismas líneas, el 11 de julio pasado, expresé que el negocio de la subrogación es ilegal e inmoral. La lucha de padres y madres de los niños de la guardería ABC sigue. Apoyémosla como lo han hecho ese conjunto de hombres y mujeres de la sociedad civil. Son un ejemplo que hay que seguir. Vale la pena, no sólo es por ellos, es por México. …. |
