Por Antonio Hernández M.

La aparición del EZLN el primero de enero de 1994, día en que también se puso en vigencia el Tratado de Libre Comercio que el gobierno había promovido como solución a todos nuestros males, cuyo real contenido empezó a hacerse del conocimiento público, tal como ahora ocurre con la llamada reforma petrolera que se ofrece como una panacea pero como entonces esconde una nueva entrega, obligó, ante la presión ciudadana que ya no quería mantenerse callada y aunque los locutores no quisieran tocar el tema lo imponían, a que principalmente la radio se abriera, al grado de que algunas enviaron corresponsales a Chiapas desde donde reportaban el acontecer, del que sólo un modesto medio local, El Tiempo, de Amado Avendaño, se ocupaba.

La obligada apertura se amplió por los asesinatos del Cardenal Posadas, Colosio y Ruiz Massieu; la trunca sucesión presidencial resuelta a favor de Zedillo y los llamados errores de diciembre, la crisis económica más grave que ha tenido el país en los últimos tiempos, producto de la borrachera de tres sexenios inclusive el de Salinas, donde el gobierno se quedó sin recursos y millones de mexicanos perdieron todo, llevando a que entrando 1995, y ante la cerrazón que insistían en mantener muchos, que en parte aún subsiste, a una Consulta Pública en materia de comunicación social, promovida por la comisión respectiva de la LVI Legislatura, creada el 28 de enero de 1995, que encabezaban la diputada Ma. Teresa Gómez Mont del PAN, Ana Lilia Zepeda del PRD y José Narro Cespedes del PT, que se desarrolló en diversas regiones del país.

En tanto se daba con gran entusiasmo el debate en el que se presentaron cerca de 700 propuestas, que planteaban la posibilidad de que ¡por fin! los medios dejaran de imponer sus mentiras y medias verdades, el gobierno se reponía gracias al apoyo que otorgó Clinton, no por generoso, sino porque estaban en riesgo de perderse las inversiones que miles de jubilados norteamericanos hicieron en petrobonos, que se recibían en pesos pero se pagaban en dólares, previo embargo del petróleo para garantizarlo, que me llevó a reclamar a más de un diputado el que se embargara para pagar las consecuencias de la supuesta bonanza que vivíamos según el recién reaparecido Salinas, sin que me contradijeran porque exhibía el decreto que habían firmado.

Los días 10 y 11 de julio de 1995 se dio el evento en Tijuana, donde en una de las salas del Centro Cultural llena a más no poder, ante diputados como Rodolfo Elizondo, actual secretario de Turismo, Pedro Ettiene Llano del PRD, Teresa Montenegro del PRI, y la propia Gómez Mont del PAN, los participantes exigimos la democratización de los medios y el respeto a la libertad de expresión, conseguidos a la fecha a medias, de lo que se apoderó Fox quien mentirosamente se atribuye la que disfrutamos, debido al engaño de dueños y comunicadores a su servicio, que se aprovechan de la ignorancia de las mayorías para hacer sentir no como un derecho que se tiene de expresarse a través del espacio etéreo que es de todos los mexicanos, no aéreo como tantos dicen, sino como graciosa concesión que les otorgan.

Recuerdo que entonces, cuando le querían ¨bajar¨ a la protesta, introducían en el programa una poesía o un clásico musical para hacer anticlimática toda queja, como ahora se pone una canción en las llamadas pausas, por comunicadores que habiendo costado su carrera a la sociedad, debían estar más comprometidos con ella.

No al monopolio de los medios de comunicación; No a la complicidad de informadores con el sistema; era el reclamo planteado en escritos y pancartas a las que se agregaba el que hacíamos por el veto a que se sometía a Francisca Galván, compañera de nuestro Comité Ciudadano, cuya voz rechazaban los locutores instruidos por sus dirigentes que no aguantaron que les dijera sus verdades, estaciones ante las que nos manifestamos públicamente sin que por ello fuera rechazado quien escribe, que aprendió a expresarse con claridad hasta un límite que impidiera me vetaran, haciendo imposible a muchos que lo han deseado, sacarme del aire.

Las exigencias iban desde que primero se cumplieran las leyes entonces actuales antes que reformarlas, como padecimos durante la diarrea legislativa del salinato, que es base de la descomposición social que padecemos pero ese es otro tema del que habré de comentar; hasta el fin de la farsa de foros donde las conclusiones acababan siendo las de los funcionarios que por no estar comprometidos con la sociedad hacían caso omiso de las propuestas ciudadanas (paréntesis para preguntarle si algo ha cambiado); que se elevara el nivel de las llamadas tribunas públicas para que dejaran de ser receptoras de chismes y trataran asuntos de verdadero interés, y la de los panistas, que coincidían con los perredistas cuando todavía no llegaban a la presidencia: acabar con la complicidad de los medios con el PRI, en tanto Héctor Osuna Jaime como alcalde de Tijuana pedía precios especiales a las publicaciones del gobierno. Es pertinente citar que en esos días Don Jesús Blancornelas escribió el ensayo Los derechos humanos y los medios de comunicación social.

El análisis y la relatoría de los foros regionales concluyó en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, a donde asistí con la propuesta de nuestro grupo, donde tocándome el número 35 de más de 60 expositores y siendo ya las 5 de la tarde de una reunión que se inició a las 10 de la mañana, en el atril que tanto he visto en televisión, dije que en virtud de que iba a decir lo que los exponentes anteriores, daba por leída la propuesta de nuestro comité para acelerar la reunión. Por esta razón, no por su contenido, fui quizá el más aplaudido.

Se llegó a la conclusión de modificar los artículos 6 y 7 constitucionales, que debían incluir el fin de todo tipo de intromisión oficial en los medios, la homologación de nuestra legislación con los firmantes del recién TLC; modificar el régimen de concesiones y evitar cualquier tipo de hostigamiento o censura (nótese que ya no censuran, sino los corren como a Carmen Arístegui, o echan montón como en Tercer grado), quedando en la Comisión el presentar a la Legislatura los resultados para que se discutieran y aprobaran en su caso.

Terminó 1995 y pasó 1996, hasta que el 19 de mayo de 1997 recibí una comunicación señalando que el 22 de abril de ese mismo año se habían presentado al pleno de la Cámara de Diputados dos iniciativas de Ley: Una que creaba la Ley Federal de Comunicación Social que abrogaba la Ley de Imprenta de 1917, y otra que reformaba la Ley de Radio y Televisión, y el ladrillote con las modificaciones, que el PRI envío a la congeladora, y acabaron por olvidarse cuando al llegar Fox al poder se desmovilizó una ingenua sociedad que pensó que haría los cambios que con gran esfuerzo promovimos. Traidor, mil veces traidor.

Los abusos que volvieron a cometer los medios electrónicos, principalmente el duopolio televisivo en la campaña de 2006, regresaron el tema hasta promulgarse la llamada Ley Televisa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juzgó inconstitucional y sugirió al Congreso su adecuación, donde quedó sujeta a los intereses de los partidos, ahora también del PAN, que hecho del poder lo utiliza como antes el PRI para su beneficio, y de los otros que tienen temor de ser vetados.

A que viene este recuento se estará preguntando usted. A servir de advertencia respondo, para que ahora que se inicia la consulta sobre la reforma petrolera, por llamarle de algún modo a lo que es la entrega del último de nuestros patrimonios nacionales, (tengo los archivos de las 5 iniciativas presentadas por si desea que se las envíe solicitándolas a anthdez83@hotmail.com), nos mantengamos atentos y no caigamos en los sofismas en que sin duda nos querrán envolver quienes como ya empezó a decirse ¨son los mismos de siempre¨.

Aunque se me han dicho que me extiendo mucho en mis artículos así como en las partipaciones en la radio, como considero que escribo y hablo no sólo para ser leído y escuchado no sólo por conocedores sino también por neófitos, procuro establecer un marco de referencia que por supuesto requiere un espacio más amplio. Hecha la aclaración, el miércoles se inició la propuesta de quienes podrían participar en los debates, según nota de La Jornada, notando quien escribe que algunos al ser nominados se pegan una descobijadota:

El PRD propuso a Cuauhtémoc Cárdenas; el historiador Lorenzo Meyer; Claudia Sheinbaum, ex secretaria de Ecología en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) e integrante del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador; el ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú y el ex ministro Juventino Castro. También a Arnaldo Córdova y Luis Javier Garrido, investigadores de la UNAM; el ex consejero del Instituto Federal Electoral Jaime Cárdenas, y el abogado Álvaro Arceo Corcuera

El PRI propuso a la presidenta del tricolor, Beatriz Paredes; a los ex procuradores generales de la República Diego Valadés y Jorge Carpizo; al ex canciller Fernando Solana; los ensayistas Héctor Aguilar Camín y Jesús Silva Herzog; al abogado Arturo Saldívar y al jurista José Elías Romero Apis, quienes participarán en el foro Los principios que deben regir la reforma energética en México, y en el análisis constitucional de las iniciativas.

En la propuesta del PAN se confirma la participación del dirigente nacional, Germán Martínez, y destacan el premio Nobel de Química, Mario Molina; el investigador del CIDE y ex embajador Carlos Elizondo Mayer; el jurista Héctor Fix-Fierro; el investigador Luis Rubio, y el rector de la Escuela Libre de Derecho, Mario Becerra Pocoroba. También propuso al jurista Fabián Aguinaco Bravo; los investigadores Pablo Mulás del Pozo; Arturo Fernández, rector del ITAM, y Javier Beristáin, académico del mismo instituto y ex secretario de finanzas del GDF.

El PT propuso a Luis Javier Garrido y Porfirio Muñoz Ledo. A su vez, Convergencia hizo lo propio con el rector de la UNAM, José Narro Robles; el ex procurador Sergio García Ramírez; el ex embajador Jorge Eduardo Navarrete, y la experta en asuntos transfronterizos Rocío Vargas.

El PVEM propuso a su presidente Jorge Emilio González, a la investigadora Soledad Loaeza y a Mario Molina. Además, se entregó una lista con más de 60 nombres, entre ellos el del ex director de Pemex Adrián Lajous y el constitucionalista Clemente Valdés.

Espero en dos o tres días comentar el debate interno del FAP, al que como desde el principio supuse no tendría el castigo de la sociedad, sino el reconocimiento por haberla puesto con su movilización social en alerta, y tanto sus avances como en que ha quedado el conflicto del PRD, del que hay que distinguir entre su propuesta social y los pleitos entre facciones por el poder. No lo olvide: Son dos cosas diferentes.

Hermosillo, Son., mayo 8 de 2008.

Sección: Política